La Ley Nacional 25.028, modificatoria del decreto ley 20266, determina el régimen legal de martilleros y corredores y establece como condición para el ejercicio de martillero, en el Capítulo I artículo 1º, inciso b) la obligatoriedad de “poseer título universitario expedido o revalidado en la República, con arreglo a las reglamentaciones vigentes y las que al efecto se dicten” y para el ejercicio de corredor inmobiliario en Cap. XII, inciso b), la obligatoriedad de “poseer título universitario expedido o revalidado en la República, con arreglo a las reglamentaciones vigentes y que al efecto se dicten.”

Propiciando el acompañamiento de la educación formal al escenario cambiante de la sociedad,  de las demandas sociales y del trabajo, la citada ley no sólo establece los derechos y las obligaciones para quienes intervienen en las operaciones de remate y compra-venta de bienes muebles e inmuebles y/o cualquier otra transacción comercial, sino que limita el ejercicio de la actividad restringiéndola sólo para quienes se hayan profesionalizado adecuadamente.

Se espera de ellos que dispongan de herramientas y estrategias para obtener y organizar la información necesaria, que conozcan las características del mercado para establecer juicios justos, en cuanto al valor de los objetos materiales e inmateriales que serán objeto de  las transacciones; que conozcan las condiciones legales, sociales y económicas bajo las cuales dichas transacciones tendrán lugar; que garanticen la transparencia de los procedimientos, que sean capaces de liderar con honestidad los procesos de subastación y que sean competentes para acercar a las partes interesadas, facilitando los procesos de negociación cuando se trate de operaciones de compra-venta.

De lo dicho se infiere que tanto el subastador como el corredor inmobiliario están obligados a desempeñarse bajo la estrictez de las normas éticas que rigen la actividad. Sin embargo, ello se inscribe en el marco de lo que la ley manda y es de esperar que la profesionalización de su actividad encuentre una opción superadora.

Como toda educación, la formación universitaria implica influir positivamente en el desarrollo de la comunidad a la cual debe su razón de ser, así también, en concordancia, busca el desarrollo integral de los sujetos,  auspiciando que el compromiso ciudadano del futuro profesional con su entorno natural, social y cultural sea inseparable de su profesión, por lo tanto ésta tiene que constituirse en la vía idónea y creativa para elaborar y priorizar proyectos innovadores y sustentables que beneficien a la comunidad en su conjunto en el marco de la responsabilidad social.

La UNTREF asume su rol de formación profesional, haciéndose cargo de  la demanda social y la decisión política por la cual la intervención de operadores de Tasaciones, Subastas y Corretajes deben acreditar saberes pertinentes, construidos en consonancia con valores socialmente compartidos, a través de la educación universitaria.

En este proyecto formativo asumimos los desafíos enunciados anteriormente ya que nuestra vasta experiencia en la implementación de este tipo de propuestas a distancia garantiza la consecución de los resultados planteados.